COMUNES URBANOS en BARCELONA
Prácticas de defensa, cuidado, reapropiación y gestión comunitaria

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1. Comunes urbanos: qué, para qué y hasta dónde

1.1. Introducción

Aunque las experiencias de propiedad colectiva o de gestión comunitaria de ciertos bienes han sido una constante a lo largo de la historia, estas prácticas están proliferando de manera creciente a la sombra de la actual crisis sistémica.  En un momento donde la distinción entre lo público y lo privado es tristemente borrosa y donde la lógica neoliberal se extiende a nuevas áreas de la vida social, se produce a su vez una fuerza contraria basada en la cultura de la cooperación y el mutualismo.

Estas experiencias de gestión dan un renovado protagonismo a las colectividades como alternativa al mercado hegemónico o a la planificación pública por parte del Estado. Instituciones sociales basadas en arreglos locales, comunitarios y participativos que buscan dar respuestas a demandas sociales y que se caracterizan por una gestión no mercantil de los recursos; nuevas formas de compartir tiempo, bienes, conocimientos y espacios que están ensayando el trazo de futuros posibles, que están prefigurando un nuevo escenario urbano, una ciudad común.

Desde el Observatorio Metropolitano de Barcelona hemos querido conocer mejor esta realidad a través de 17 prácticas comunitarias bastante diferentes entre sí. Prácticas centradas en el nuevo modelo energético (Som Energia), la conectividad a internet (Guifi.net), el mercado de trabajo cooperativo no capitalista (Coop57, Ciutat Invisible), la crianza compartida (Babàlia), la salud como bien colectivo (Espacio del Inmigrante, CAP Besòs, Àurea Social); prácticas que definen nuevas formas de acceso a la vivienda (PAHC Sabadell y La Tafanera/Sostre Cívic), reinventando la manera de administrar recursos urbanos como el espacio público (Germanetes, Hort Indignat de Poblenou, Plaça de la Farigola, Jardí de l’Amistat) o las infraestructuras comunitarias (Flor de Maig, Can Batlló, Casal del Pou de la Figuera).

En estas prácticas, lo común aparece en su doble vertiente: como recursos materiales para sostener la vida y como proceso de movilización. Por un lado, como infraestructuras básicas que posibilitan la vida en la ciudad. Por otro lado, como una forma de organización que pone en práctica principios comuneros, principios como la profundización democrática, la autotutela de derechos, o la autogestión.

En este sentido, no hemos querido dividir entre procesos de autogestión, por un lado, y movimientos de defensa y reapropiación de derechos sociales, por otro. Pensamos que ambas vertientes configuran un ensayo sobre cómo materializar y asegurar una buena vida.  Así, hemos identificado prácticas de defensa, cuidado y reapropiación de recursos colectivos que, a través de formas gestión comunitaria, afirman los derechos de propiedad colectiva.

Pensar la gestión comunitaria como puesta en jaque de la dicotomía Mercado-Estado es políticamente útil, un giro interesante para superar esa doble vía que tanto ha marcado las formas de gobierno de lo que nos es común. El mensaje es claro: hay vida fuera de los muros de lo público-estatal y lo privado-mercantil. Pero la fórmula “esto es algo diferente a lo ya conocido” contiene muchos límites explicativos. Las palomas de Barcelona tampoco son públicas o privadas, pero eso no las convierte en un común urbano. Paradójicamente, esa forma de mirar a partir de lo ya conocido nos hace más dependientes de los modelos que queremos dejar atrás. De vez en cuando, hay que romper la brújula y buscar otra manera, otro prisma desde el que entender mejor estos procesos de autoprotección social.

Si algo tenemos claro es que esa otra mirada solo la podremos encontrar en los patrones que emergen de los propios procesos vivos. No es solo una declaración de intenciones, es un punto de partida ineludible para pensar una ciudad común. Porque si algo nos enseñan las prácticas que hemos conocido durante este proceso de investigación, es que no están sometidas a una norma predeterminada. Más bien, producen norma al ritmo de su quehacer cotidiano. Nos dicen que no hay escrituras fijadas sobre cómo relacionarse, suspender o infiltrarse en los mecanismos de lo público-privado y que esa dicotomía es muy parca si queremos sumergirnos en la viscosidad de las prácticas urbanas.

No queremos menospreciar la importancia de que la propiedad esté bajo un régimen u otro, que el papel de la institución esté más o menos presente, que existan nuevos colectivos que apelan a la garantía de un derecho social. Todo eso es sin duda importante y se ha recogido en su explicación. Pero cuando se plantea el dilema sobre cómo se relaciona una práctica de gestión urbana con lo público-privado, lo más interesante es ver cómo estalla ese binomio. Más que acumular respuestas, se rediseñan las preguntas. Preguntas que son la premisa necesaria antes siquiera de plantear qué forma institucional debería tener hoy lo público o qué hacemos con lo privado.

En ese sentido, no hemos simplemente analizado casos desde unas hipótesis iniciales, sino que hemos intentado dejarnos llevar por la miríada de matices que contienen estas prácticas. Y ahora vemos que lo central es tanto la defensa del derecho a una sanidad pública, como reformular la propia noción de salud y los mecanismos (farmacológicos, alternativos) que la codifican de una u otra manera. Eso nos han enseñado el Cap Besòs y Aurea Social. Vemos que tan importante es el acceso garantizado a la cultura, como constatar que no existe cultura ajena a la producción colectiva. Así lo practican en La Ciutat Invisible. Que la centralidad de los cuidados no solo se ha invisibilizado, sino que exige un compromiso colectivo. Ese es el reto de Babàlia. Que tan central es la gestión óptima de una infraestructura para su uso colectivo, como los saberes sociales acumulados que lo posibilitan y las memorias vecinales que lo envuelven. Todo eso es Can Batlló. Que tan importante es la expresión del derecho a la ciudad que contiene un huerto urbano como la sociabilidad que lo sustenta y que a su vez produce. Y así se vive en el Hort Indignat de Poblenou. Que hay tanta emancipación social en la construcción de una red de comunicación descentralizada y autónoma como en el diseño de protocolos legales que permitan su replicabilidad. Eso hemos aprendido con Guifi.net. Que tan central es cómo se aseguran derechos fundamentales como las formas de tutela y las nuevas instituciones que deben garantizarlos. Eso defiende día a día la PAH. Y de todas estas experiencias hemos aprendido que no hay ciudad sin común y no hay común sin prácticas vivas que lo sostengan. En negar eso o en hacerlo visible está uno de los puntos centrales.

El territorio urbano es hoy un laboratorio social de aquellas formas de democracia que están por venir. Y ahí hemos encontrado ensayos de todo tipo, con una trayectoria histórica más o menos robusta, con una imbricación en su territorio inmediato de diferente intensidad, con una configuración social más o menos heterogénea y con formas de gestión, comunicación y deliberación variadas; algunas tradicionales y perseverantes, otras novedosas y en plena experimentación. Ensayos que no hay que idealizar, ni mistificar y que ni queremos ni debemos resguardar sobre enunciados etéreos. Se dice que la realidad es tozuda, pero los tópicos suelen enrojecer frente a la complejidad de las prácticas y a su capacidad para escapar de enunciados universales. Nos referimos, por ejemplo, a no pensar que si algo está gestionado por una comunidad, eso significa automáticamente que es una nueva manera de dar acceso al común. Tal vez, puede ser una forma de recaer en la gestión privada o de crear un cerco alrededor de lo común; tal y como sucede con las urbanizaciones cerradas que están proliferando tanto en ciudades del Norte como del Sur Global. Que gestión comunitaria signifique una mejora de la democracia, dependerá de si quedan claras las formas de poder pertenecer o no a esa comunidad, de poder o no tener acceso público a ese recurso, de formas de inclusión transparentes y de si su legitimidad proviene de una validación ciudadana y no de una autoridad comunitaria autocomplaciente.

La democracia y las nuevas forma de gestionar lo público son un campo de batalla, lleno de conflictos, contradicciones y ventanas de oportunidad que son producto de conquistas colectivas. Y entre todo ese magma, se mueven los comunes urbanos.

Esta batalla que hoy se libra en el territorio urbano no es nueva. Ni siquiera la ciudad como espacio de conflicto respecto a sus modelos de gestión y sostenibilidad es algo que aparezca por primera vez con la crisis actual. En absoluto. Con la misma lógica que se cerraron con vallas las tierras comunales hace siglos (a través de los llamados enclosures o cercamientos), hoy quieren perpetuarse protocolos y dispositivos institucionales opacos para cercar nuestros territorios, nuestras culturas, nuestros modos de vivir, nuestros cuerpos.

Como nos enseña David Harvey, la historia del capitalismo es la historia de una continua acumulación por desposesión, la historia de una continua extracción de plusvalías de aquello producido colectivamente. El paso de una economía feudal a una economía de base capitalista vino acompañado por un violento proceso bajo el que se expulsó a las clases campesinas de las tierras comunales. Así se les arrebató la sustancia que constituía su modo de subsistencia (bosques, ríos, campos abiertos) y fueron obligadas a trasladarse a las ciudades y vender su fuerza de trabajo. Esto fue lo que Karl Marx describió en el El Capital como “acumulación originaria”, capítulo fundacional del capitalismo que dejaba patas arriba la supuesta “transición natural” que con tanta insistencia relataron los economistas liberales. La militante feminista Silvia Federici sitúa en el centro de este análisis de la acumulación originaria las cacerías de brujas de los siglos XVI y XVII; la persecución y quema de mujeres que no querían aceptar su papel servil hacia el hombre fue tan importante para el desarrollo del capitalismo como la colonización y la expropiación de sus tierras al campesinado europeo. David Harvey nos ha mostrado cómo este proceso de acumulación por desposesión no solo ha sido injusto en su origen sino también en su desarrollo histórico y en su forma actual. Nuestra ciudad es un caso paradigmático.

Barcelona tiene una larga historia en términos de organización comunitaria y de movimientos sociales. También de intento de neutralización e instrumentalización por parte de la administración local debido a sus ententes con la lógica del mercado competitivo entre ciudades globales. Su etapa contemporánea, desde los ‘70s hasta hoy, está plagada de procesos de negociación y de implicación vecinal en el modelo de ciudad que, dependiendo de la correlación de fuerzas de cada momento, ha producido uno u otro modelo de gobernanza más o menos justo. En la etapa actual y tras un proceso de dura neoliberalización, la crisis ha revelado un modelo urbano agotado, desequilibrado, que ha producido desigualdades territoriales y que ha asfixiado muchas zonas de la ciudad obligadas a convertir sus recursos en continua ventaja competitiva. Hoy nos enfrentamos al endeudamiento ciudadano, las privatizaciones, la sobreexplotación del territorio, la mercantilización del trabajo o los nuevos intentos por invisibilizar las tareas de cuidados; todos procesos que buscan savia nueva para mantener este régimen urbano capitalista. Es esa la acumulación por desposesión que se quiere perpetuar en el espacio y tiempo de nuestra ciudad.

Los comunes urbanos se enfrentan y entremezclan con esta realidad. Son una pugna que ni está al margen ni se produce fuera de estos procesos históricos. Más bien, se encuentran incrustados en esta maquinaria, con capacidad para destruirla, enmendarla, ser usados como parche o cambiar completamente el motor que la conduce.

No somos ajenos a las tendencias neoliberales que promueven el vaciamiento del Estado, especialmente en sus funciones redistributivas y de generación de bienestar. Una lectura simplista, parcial y despolitizada de los comunes urbanos podría alimentar la visión de que la ciudadanía debe ser la única responsable de asegurar sus condiciones de vida en contra o a pesar de un Estado que solamente entorpece y restringe las ansias de liberación individual y colectiva.

Los comunes urbanos se podrían usar (y se usan continuamente) para describir iniciativas, ya no de propietarios, sino de emprendedores que se organizan autónomamente para buscar soluciones a problemas sociales, muchas veces a costa de su precariedad. Los derechos pasan a ser diseñados como nuevos nichos de mercado. Los emprendedores sociales son invitados a “competir libremente” para hacerse con la gestión de esas parcelas “con valor social” prometiendo una gestión “más eficaz”. Ese mantra ya lo conocemos, pero no nos conviene negar que persiste en muchos imaginarios como una fórmula seductora. En cambio, muchas de las iniciativas recogidas en la investigación no son solo formas de solucionar problemas colectivos, sino que implican formas de contestación y desobediencia social (Can Batlló, Plaça de la Farigola, Hort Indignat de Poblenou) a la vez que apelan a derechos sociales desatendidos por parte del Estado (Espacio del Inmigrante, Cap Besòs, Obra Social de la PAH).

Si hacemos una lectura de conjunto, rápidamente nos damos cuenta de que estas prácticas también tienen sus límites a la hora de abordar temas tan centrales para el bienestar colectivo como las desigualdades sociales y territoriales. Dado su localismo y sus (aún) débiles estructuras federativas, su capacidad de redistribuir recursos entre los diferentes colectivos y territorios es más bien limitada. Los comunes urbanos hoy en día están a años luz de la capacidad redistributiva que potencialmente tiene el Estado de bienestar. La pregunta que queda en el aire es si acaso debe ser ese su objetivo.

Finalmente, creemos que la mayor visibilidad que están teniendo los comunes urbanos en plena imposición de políticas de austeridad y de parón de la maquinaria inmobiliario-especulativa urbana no es casual. Algunas experiencias tienen una larga trayectoria (Ciutat Invisible; Forat de la Vergonya, hoy Pou de la Figuera) pero muchas de ellas, especialmente las relacionadas con el espacio público, irrumpen precisamente en espacios desvalorizados por el capital o que la administración local no ha tenido capacidad o interés en ponerlos al servicio de la ciudad. Identificamos la crisis como espacio conflictivo donde estas prácticas pueden nacer y multiplicarse, pero también anticipamos sus debilidades institucionales una vez que el mercado vuelva a tener interés por esos espacios donde ahora germinan experiencias de autogestión comunitaria. Los circuitos dinámicos de desvalorización-revalorización son típicos de los ciclos capitalistas y posturas cándidas o que no tengan esto presente, se volverán inoperantes a la hora de revertir este proceso histórico.

Tras unas primeras reflexiones introductorias, aportamos ocho ideas que creemos pueden ser útiles para el clima político actual de nuestra ciudad a partir de las 17 prácticas que hemos conocido.

En esta investigación partíamos de una vaga intuición sobre qué eran los comunes urbanos. Con esa intuición seleccionamos una serie de prácticas que cuidaban, defendían o se reapropiaban de un recurso colectivo a través de una forma de gestión comunitaria. A partir de esta definición amplia,  como bien nos muestran las palabras de sus protagonistas en los videos, lo común y la comunidad son definiciones contextuales que solo pueden ser entendidas de una forma particular según cómo se vive y se desarrollan en las prácticas concretas. Queda claro que no es lo mismo la comunidad alrededor de Güifi.net, la comunidad de Can Batlló o de la Tafanera.

En este sentido, una lectura superficial podría hacernos pensar que cuando hablamos de comunes urbanos, hablamos solamente de un grupo de gente que decide hacer un huerto, ocupar un edificio u organizar una cooperativa de crédito. Esta es una mirada miope. Lo que hemos aprendido es que, a parte de esta necesaria definición situada, lo común y la comunidad no se entienden sin una visión ecosistémica de estas prácticas. Siendo más claros: el común al que apelan las gentes de la Plaça de la Farigola no se reduce a las personas que frecuentan ese espacio sino al conjunto de Vallcarca. Y Vallcarca es el común que sólo se explica en relación al conjunto de Barcelona. Las personas que intentan recuperar la memoria del Jardí de l’Amistat no padecen un raro síndrome fetichista por un espacio olvidado: lo quieren significar para empoderar las prácticas en el conjunto de la ciudad de Sabadell. Can Batlló no se cierra en sus muros sino que los derriba: es una respuesta a la falta de espacios comunitarios en el barrio de la Bordeta y en el conjunto de Sants. También pasa con Germanetes en relación a l’Eixample. Ese espacio ampliado es el contexto donde tienen impacto los comunes urbanos.

Y lo mismo podríamos decir en relación a sus comunidades. Algunas están más localizadas en determinados barrios como el propio caso de Germanetes, Flor de Maig, Can Batlló, Plaça de la Farigola, etc. pero incluso algunos de sus miembros más activos tampoco viven allí, aunque sea un espacio vital para ellos y ellas. Para otras, la dimensión territorial de la comunidad no es tan importante, como puede ser Àurea Social o Coop57. En todo caso son comunidades plurales, que combinan diferentes grados de involucración y que devienen y toman cuerpo con la propia práctica comunitaria.

En esta pluralidad, lo que une políticamente a sus miembros es precisamente la creencia en el potencial del común. No hablamos pues de comunidades esencialistas ni predeterminadas. Su potencialidad reside en generar nuevos lazos sociales a partir del interés o la necesidad para el grupo y sobre todo para su entorno. Ese proceso, no está falto de debates, conflictos internos y de momentos tumultuosos y por supuesto no es sinónimo de un cuerpo colectivo homogéneo que está técnicamente de acuerdo en todo. Una comunidad no describe un conjunto de sujetos completamente afines, iguales y salvaguardados por magia divina de relaciones de poder. Una comunidad –como la vida misma– está atravesada por individualidades, colectividades y objetivos comunes. Una comunidad es un debate continuo, un espacio de deliberación siempre difícil y costoso de mantener que requiere de un alto compromiso por parte de quienes la conforman así como de un contexto (social, cultural, económico) que la determina.

En los comunes urbanos podemos encontrar dos grandes líneas de actualización de luchas históricas: el cooperativismo y los movimientos vecinales.

Por un lado, la memoria cooperativa es un hecho presente tanto en la acción cultural de la Ciutat Invisible (que ha escrito un libro sobre la cuestión, además de organizar rutas para hacer vivir la memoria espacial del cooperativismo, debates y una exposición sobre la cuestión), como en el relato de la Flor de Maig que “Fundada como cooperativa de consumo por 17 obreros, llegó a convertirse en la más importante de Cataluña, donde además de sus funciones propias de consumo, se organizaban diferentes tipos de actos sociales y educativos, especialmente de alfabetización de niños y personas adultas”. Som Energia y Coop57 también suponen ejemplos de actualización del cooperativismo en los campos de la energía y las finanzas éticas, retos nuevos que dan cuenta de la nueva situación de la ciudad respecto a la oleada de cooperativismo que se produjo entre el último tercio del siglo XIX y 1939, en el contexto de la ciudad fordista.

En segundo término, son muy conocidas las luchas por el derecho a la ciudad de los años 70s. Los movimientos sociales urbanos que teorizó Manuel Castells, fueron actores imprescindibles en la configuración de la ciudad. Que los barrios tengan escuelas, ambulatorios, hospitales y viviendas en buenas condiciones, además de otros servicios urbanos, y que estén conectados al resto de la trama urbana a través de un sistema de transporte público, se debe a la acción social que adquirió gran fuerza en el período tardo-franquista y durante la transición.

Estos dos trazados confluyen en experiencias como las de Can Batlló o la Flor de Maig, lugares portadores de la memoria de la resistencia y de la autogestión:  referentes primero de la ciudad proletaria (de la cultura de las fábricas y de los ateneos, de las cooperativas y las sociedades o comisiones obreras); y más tarde parte integrante de los procesos de movilización vecinal (a finales del Franquismo y ya en democracia) contra los planes urbanísticos, por los consumos colectivos y a favor de una mayor democracia urbana.

Otro frente de la lucha por el derecho a la ciudad lo protagoniza la PAH. “No s’entén. Gent sense cases i cases sense gent!” es uno de los gritos de movilización que dan cuenta del estallido de la burbuja inmobiliaria que desató la actual crisis. Parar desahucios, la creación de la Obra Social, o conseguir daciones en pago son las acciones que protagonizan en primera persona los endeudados y las endeudadas para hacer efectivo, colectivamente, el derecho a la vivienda.

Además de estas dos grandes líneas de actualización, la recuperación de la memoria de las luchas es en sí misma una forma de comunalización. No se trata de hacer una lectura romántica del pasado sino de traerlo al presente para plantear los retos de la situación actual y para resaltar cómo lo común ha sido históricamente un importante modelo de propiedad y gestión de los recursos productivos y de las formas de organización de lo social. En este sentido, destaca el papel de la recuperación y difusión de la memoria cooperativa de los barrios (Ciutat Invisible, Can Batlló, Flor de Maig…) y de los espacios (Jardí de l’Amistat) con el objetivo de traer al presente formas pasadas de organización y cooperación.

Antes nos referimos a la idea de cercamiento para hablar de procesos de vallado de lo que es común. Pues bien, la construcción de comunidad que se da dentro de los comunes urbanos, la dimensión intergeneracional que emerge a partir de ellos, puede ser pensada también como una forma de romper “los cercamientos de la memoria”. Figuras como Isidre Nadal Baqués (Jardí de l’Amistat) y el legado de su proyecto político nos llegan gracias a la recuperación de una memoria que no quiere ser instituida en forma de placas conmemorativas o de museo, sino vivida en continuidad como proyecto político. No se trata, por tanto, de valorizar parte del pasado con la categoría conceptual de “patrimonio” sino dar a conocer y activar formas pasadas de gestión y uso determinados por una comunidad concreta (sociedades cooperativas, mutualidades obreras) muy presentes a lo largo de la historia de los barrios.

La promoción de los intereses del capital inmobiliario y de la mercantilización casi absoluta de lo urbano han producido una erosión sin precedentes del espacio público barcelonés. Ante la destrucción acelerada de todo bien local, las colectividades desarrollan nuevas formas de acceder y producir el espacio a partir de prácticas como huertos comunitarios u ocupación de espacios y equipamientos (Plaça Farigola, Can Batlló, Pou de la Figuera) estableciendo un modo de gestión alternativo: la autogestión democrática

Por otro lado, en la misma ciudad y en los mismos barrios, a raíz de la crisis y la aplicación de las políticas de austeridad se ha abierto un nuevo espacio político de contestación: las luchas contra la privatización y por el acceso equitativo y universal a bienes fundamentales para la vida como la salud, la educación o la vivienda.  Alguien podría, de forma razonable, pensar: ¿no tendría más sentido, en un momento en que se están desmantelando los servicios públicos, defenderlos en lugar de hablar de comunes? Aún más, si apelamos a una cuestión de derechos -derecho al acceso de los recursos comunes- estamos apelando de alguna manera al Estado, ¿no es esto una contradicción?

La respuesta, de nuevo, emerge de las propias prácticas. Estamos viendo cómo, por ejemplo, en las luchas abordadas en la sanidad (Espacio del Inmigrante, CAP Besòs) pero también en áreas como los cuidados o la educación, se trata de redefinir un bien común que estaba gestionado por lo público, donde “las comunidades en movimiento” (profesionales, activistas, alumnos/as, pacientes, afectadas, hijos/as) defienden y reclaman el derecho pero sin que esto suponga un simple retorno al pasado. Lo que se pone en marcha es la potencia social que conquistó esos derechos, no la reificación de un modelo de gestión que ha acabado siendo un pésimo custodio.

Esto se observa claramente en la sanidad. Junto a la defensa de un modelo público que está siendo desmantelado, se está cuestionando ese sistema en su configuración anterior: su escasez, la falta de participación de la gente – en tanto que los pacientes necesitan estar capacitados y ser sujetos activos y no objetos de la atención de profesionales de la salud– o el rol que juega la industria farmacéutica.

Las prácticas de desobediencia del Espacio del Inmigrante o del CAP Besòs buscan impedir “en la práctica del día a día” la privatización de la salud y el ataque contra un pilar del sistema público: la universalidad. Se apela a lo público en los “valores” que éste supuestamente encarna: sus características de universalidad, accesibilidad o participación. Valores que debería cumplir una gobernanza de la salud como bien colectivo.  Muchos de los casos estudiados son iniciativas de movilización ciudadana que a partir de la autoorganización comunitaria tratan de recuperar el control sobre aquello que está siendo privatizado o desmantelado y producir vías de acceso a lo que es de todos y todas. Un claro ejemplo lo encontramos con las ocupaciones y posterior gestión colectiva y ciudadana de viviendas por parte de la Obra Social de la PAH de viviendas en edificios propiedad del SAREB (y por tanto de todos) y su conversión en “viviendas sociales”.

Vemos cómo los Estados han reducido su potencial político frente al poder de los mercados financieros, convirtiéndose, en un contexto de austeridad, en un lugar poco apropiado donde acudir para mantener el bienestar material de la población. En este sentido, vemos una administración pública gestionado de forma opaca y gobernada por aquellos mismos que la desmantelan, con un Estado incapaz, sin medios financieros. Es en estas grietas, donde se observa la necesidad de empezar desde abajo, desde la autogestión. Esto no es sólo una manera de defender y conservar los derechos, sino una forma de experimentación que empuja hacia un posible cambio institucional y permite el movimiento hacia una necesaria renovación democrática.

Cuando la ciudad se convierte en la verdadera fábrica de producción de valor por parte del capital, la mercantilización de la vida se extiende mucho más allá del espacio laboral. Todos los espacios de relación social, ayuda mutua o cuidados se intentan reducir a una mera expresión monetaria. Se quiere gobernar no solo la fuerza de trabajo, sino el conjunto de la producción social, a través de la lógica del valor de cambio.

Los comunes urbanos que hemos analizado intentan construir otra idea de riqueza donde la atención a la reproducción de la vida (fomentando lazos sociales, prácticas de cuidado mutuo) desplaza las formas de valorización capitalista; un modelo de producción del «ser humano por el ser humano» que prima el valor de uso por encima del valor de cambio. Así, estas prácticas no deben ser entendidas como una solución técnica a problemas puntuales o un parche provisional, sino como procesos de desmercatilización de la vida, buscando superar la parcelización entre producción, reproducción y consumo.

Algunas de las experiencias atienden a la diversidad de esferas que componen la vida y que el sistema capitalista se ha dedicado a fragmentar y desvincular. Lo hemos visto muy claramente en el ámbito de la educación y de los cuidados con la experiencia de Babàlia, pero también cada vez que se ganan espacios de socialización en la ciudad, ya sean huertos o equipamientos comunitarios. L’Hort Indignat del Poblenou es un ejemplo en tanto su finalidad es la producción de alimentos sin fines mercantiles, pero también porque deviene un espacio de encuentro y socialización, de producción de conocimiento común y de intercambio cultural e intergeneracional. Este mismo papel de socialización y creación de comunidades lo vemos asimismo en la Plaça de la Farigola en Vallcarca o en el Pou de la Figuera (Forat de la vergonya) en el Born.

Destacamos de ciertas experiencias su capacidad para producir espacios, códigos organizativos, infraestructuras o relaciones para otros comunes, una ecología que va construyendo una ciudad común. Ilustrativo de esto sería Can Batlló.  Además de albergar grupos existentes dentro del recinto industrial, se convierte también en semilla de otras prácticas, ya sea “dentro de él” –como la cooperativa de viviendas La Borda– o “fuera de él” con otras réplicas en la ciudad que aunque con modelos de gestión diferenciados, se han reflejado en la exitosa experiencia de Sants para liberar nuevos espacios. LaBase en Poble Sec o La Harmonia en Sant Andreu serían claros ejemplos de eso.

Entonces, ¿los comunes urbanos son anticapitalistas? Sí, si entendemos por anticapitalistas aquellas formas de reproducir la vida que no se rigen por los mecanismos de valorización capitalistas.

Como las licencias Copyleft en el ámbito digital, uno de los desafíos es producir normas capaces de proteger lo común y establecer un estatuto jurídico más allá de los protocolos público-privados. En este sentido, en algunos de los casos estudiados hemos visto nuevas (y no tan nuevas) herramientas legales y formas jurídicas que pueden ser útiles para proteger los derechos de uso colectivo y el acceso libre y equitativo a los bienes comunes.

Por un lado, tenemos mecanismos legales contemplados en los reglamentos urbanísticos pero que no se han implementado hasta que se han producido presiones por parte de movimientos ciudadanos. El caso más flagrante es la grabación de impuestos a viviendas vacías con el objetivo de acabar con la especulación y fomentar su uso. Aunque estaba contemplada en la ley de urbanismo aprobada por el anterior Tripartit de la Generalitat, esta medida nunca se había llegado a aplicar hasta que la PAH presentó una moción para presionar a los Ayuntamientos. Así se instiga a la administración pública a hacer su trabajo,  a que penalice a las entidades financieras que no pongan en uso su parque de viviendas va­cías. Similar sería la expropiación urbanística, mecanismo legal contemplado en los reglamentos urbanísticos que, bien utilizado, puede servir para garantizar el cumplimiento de la función social del suelo ante prácticas de carácter especulativo. En este sentido, diferentes experiencias estudiadas (Flor de Maig/Cooperativa del segle XX en la Barceloneta) han exigido al Ayuntamiento que utilice herramientas frente a la miseria de contar con edificios vacíos y los destine a equipamientos para uso social, transfiriendo derechos de uso a las comunidades o las organizaciones comunitarias (de iure o de facto).

Otro ejemplo serían los casos de custodia o masoveria urbana como la Tafanera de Sarrià, regímenes de cesión de uso que suponen pactos o acuerdos voluntarios entre un propietario (público o privado) y la entidad de custodia para cuidar y gestionar temporalmente el territorio o utilizar una vivienda.

Por último, otro protocolo legal es el desarrollado por Guifi.net: la Licencia Procomún Inalámbrica. Susprincipios generales están centrados en 3 libertades: dar libertad para usar la red para cualquier propósito siempre que no perjudique el funcionamiento de la propia red ni la libertad de los demás usuarios; la libertad de saber cómo es la red, de qué se compone y cómo funciona; la libertad de emplear la red para cualquier tipo de comunicación y difundir su funcionamiento. Incorporarse a la red Guifi, supone a su vez ayudar a extender estas libertades en las mismas condiciones. Son las libertades de uso, reproducción y modificación que se viralizan gracias a la condición compartir igual (share alike) propia de las licencias de la cultura libre.

Ya sean como remiendo de los protocolos vigentes, como denuncia de su mal uso o su falta de implementación o como conjunto de normas que nacen incrustadas en la propia producción comunitaria de un recurso, las herramientas legales del común son una infraestructura fijada en el suelo de estas institucionalidades comunitarias.

Que la crisis es una estafa y que funciona socializando pérdidas y privatizando beneficios, ya es algo que pertenece al sentido común de época. Desde que comenzó la crisis, y sobre todo, a partir de la presencia pública de las acciones de la PAH en los medios, el rostro de la desobediencia ha cambiado: se ha convertido en algo cotidiano e intergeneracional. Desde la ocupación de las plazas, las mareas ciudadanas o los diversos movimientos de defensa de lo público, se ha socializado el deseo de cambiar desenmascarando lo que se nos intentaba vender como “lo normal”.

En Barcelona, los movimientos urbanos de los 60s y 70s conquistaron grandes cambios: en el desarrollo urbano, los patrones de sociabilidad, la redistribución de la riqueza, o la garantía de servicios públicos. Pese al actual retroceso en todos estos campos, construyeron una ciudad más digna y justa. Y hoy vivimos un renacer de esa misma potencia social de reconquista de lo público tanto en las ocupaciones de viviendas y espacios sociales como en las diversas estrategias para burlar las exclusiones del acceso universal a la sanidad.

La Obra Social de la PAH ha puesto en marcha una campaña para la reapropiación de pisos vacíos, prioritariamente del banco malo o SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) con el objetivo de negociar un alquiler social para personas desahuciadas y sin alternativa habitacional. En el caso de PAHC Sabadell, ya son tres los edificios recuperados a través de esa campaña, que forman parte de una docena en el área metropolitana de Barcelona y más de 20 por todo el estado.

En el ámbito de la sanidad, encontramos muchos ejemplos de desobediencia como práctica de reapropiación de lo público. Procesos en sintonía con las denuncias de corrupción y los recortes en la Sanitat Catalana, como el realizado por la Plataforma de Afectados por Recortes Sanitarios (PARS) o por Café amb llet. Luchas como Yo Sí Sanidad Universal contra el apartheid sanitario o discriminación de la garantía de asistencia a personas migrantes, quienes han puesto en marcha talleres para explicar cómo acompañarlos a los ambulatorias para que sean asistidos. En el Raval, iniciativas como el Espacio del Inmigrante, que permite un acceso desde la práctica cotidiana saltándose el veto de las autoridades. También, la reciente compra de la Flor de Maig por parte del Ayuntamiento para cederlo a la comunidad ha sido un éxito de movilización vecinal. Los procesos de desobediencia y cooperación iniciales marcan el resultado de esta realidad. Sumados a la plataforma #StopPujades, los actos de médicos que objetan frente al apartheid y otros tantos, son procesos que no toman la desobediencia como objetivo, sino como única vía inmediatamente disponible para señalar las injusticias de esa “normalidad” abyecta.

Todo esto nos remite a la estrategia que está en el código fuente de la PAH y que ha alcanzado una legitimidad social mayoritaria: recurrir a la desobediencia después de agotar las vías legales disponibles. Cuando lo público-estatal cierra la puerta, el común se cuela por la trampilla o construye una nueva morada para defender lo que es de todos y todas.

Volviendo a señalar las limitaciones de pensar en términos de lo público y lo privado, los comunes urbanos no expresan una tercera vía. No claman por un vaciado de responsabilidad del Estado ni son el intento de buscar una vía reformulada frente a las contradicciones aparecidas en la relación entre lo público y lo privado. Los comunes urbanos no son una forma de concertación político-económica como lo fueron los pactos capital-trabajo de posguerra ni el diseño de un nuevo pacto social. Más bien, establecen una necesaria cooperación conflictiva con lo público-estatal, a veces desbordándolo, a veces directamente sustituyéndolo.

Estas formas institucionales, estas instituciones del común, buscan hacer efectivos nuevos derechos y otros que ya estaban contemplados pero que no se materializan, estableciendo una relación de cooperación no servil (y destacamos el adjetivo negativo, no servil) con el Estado. Esta cooperación parte de relaciones de fuerza con el poder, de acumulación de saberes y de un desarrollo de la autonomía que muestra dosis altas de antagonismo.

La cooperación con el Estado, a escala municipal, parte de la prerrogativa de dinámicas conflictivas que han impuesto, desde abajo, cesiones de bienes inmuebles para su autogestión (Can Batlló, Flor de Maig, Pou de la Figuera), que se multe a los bancos con edificios de viviendas vacíos (PAHC Sabadell), o que han impulsado acuerdos con Ayuntamientos para llevar a cabo el propio proyecto (Guifi.net). Esto sólo ha sido posible debido a una dimensión de fuerte autonomía, de desarrollo previo de los proyectos que permite evidenciar una relación de fuerzas desde la que negociar e imponer criterios, así como activar conocimientos acumulados útiles para el desarrollo de proyectos comunitarios.

Lógicamente, la administración pública no pierde de vista estos procesos, e intenta reproducir la fórmula del sujeto económico que debe subsumir la producción colectiva en el mercado en busca de maximizar su propio beneficio. No de otra manera debe interpretarse la actual insistencia en poner en marcha programas para “emprendedores sociales”, prácticas precario-empresariales nacidas en los escasos y lúgubres márgenes de la actual coyuntura económica a modo de  “chiringuitos comunitario-mercantiles”. El programa Barcelona Open Challenge es un ejemplo que ilustra esta jugada institucional.

La dimensión política de los comunes urbanos se encuentra estrechamente vinculada con la capa espacial-territorial. Simultáneamente, el enclave o dimensión territorial hace también referencia a los sujetos que están ligados a dicha experiencia. En base a estas variables, podemos encontrar casos de comunes muy diferentes entre sí. No es lo mismo el caso de Can Batlló, que se encuentra situado en un barrio concreto y que funciona como un equipamiento abierto al vecindario, que el caso de Som Energia o Guifi.net, que se dedican a proveer electricidad renovable o conexión a internet, respectivamente. Entonces ¿cuál es la similitud entre ellos?

Lo particular de los comunes urbanos es que, forzosamente, implican el concurso de ciertos individuos, participantes, miembros o lo que podemos llamar una “comunidad”. Ésta puede ser muy distinta en función del caso analizado, puede encontrarse localizada en un punto muy concreto o estar descentralizada en el territorio. La comunidad puede tener un contacto directo, presencial o a través de conexión telemática–aunque ambas capas se encuentran siempre imbricadas– pero sea como sea, las comunidades siempre aparecen como condición previa necesaria a la aparición, desarrollo, explotación y sostenimiento del común. No hay común sin el ejercicio activo de una comunidad.

Dada esa comunidad, la escalabilidad del proyecto refiere a poder dar una dimensión mayor y un circuito más amplio al común que se gestiona. La relación entre escalabilidad y gestión de la infraestructura se relaciona directamente con la dimensión de las organizaciones bajo una lógica de comunidades en red, donde encontramos a prácticamente todos los casos de esta investigación. Babàlia forma parte de la XELL, la red que promueve la educación libre en Catalunya; la PAHC Sabadell es un nodo local de una red formada por 200 plataformas a escala estatal; en el caso de Guifi.net, Coop57, o Som Energia se trata de organizaciones matriz desde las que se han configurado sus propias redes, bajo un sistema nodal. Por último, La Ciudad Invisible está inmersa en la XES, Xarxa d’Economia Solidària cuyo principal objetivo es el desarrollo de un mercado social no capitalista. De nuevo, Coop57 y Som Energia, también forman parte de la XES.

En el caso de los huertos urbanos, se produce una experiencia de crecimiento en red y multiplicación que, usando una metáfora biológica, sería similar a la mitosis. Así ha sucedido con el Hort Indignat de Poblenou. Después del primero, se ha replicado la experiencia en cuatro huertos que adoptan el mismo nombre: Hort Indignat 2, Hort Indignat 3, etc.

Pese a esas formas de organización de comunidades en red, también hay que asumir la modestia de estos procesos frente a la capacidad organizativa de los poderes oligárquicos. Por cada nueva cooperativa, aparece un mastodóntico Mercadona. También, que hay procesos a pequeña escala que si bien promueven una cultura cooperativa inmediata, en un contexto urbano concreto, tienen notables limitaciones para escalar. Todo esto no tiene porque frustrar ni las prácticas comunitarias ni las expectativas puestas en ellas, pero si hablamos de escalabilidad, también es necesario asumir que en conjunto hablamos de una dimensión con mayor capacidad de cambio en ámbitos micro que con capacidad para morder la estructuras macro.

3.1. Recapitulando

Lo común, más que ser un conjunto de experiencias comunitarias aisladas, emerge y se articula mediante el lenguaje de los derechos. De la misma manera que las movilizaciones por el derecho a beneficiarse de un aire limpio de los 70s revivieron la retórica de la propiedad común de recursos naturales básicos, y que las luchas contra los derechos de propiedad intelectual iniciados en los 90s abrieron la cuestión del conocimiento como común, surge hoy un grito por el derecho a la ciudad en contraposición a la ciudad como suma de derechos de propiedad privada. Los comunes urbanos como espacios de ensayo para practicar una nueva forma de lo público, como prefiguración de una nueva carta de derechos, normas e instituciones que tienen que garantizar el derecho a la ciudad a la vez que replantean continuamente la forma última de este derecho.

La corresponsabilidad más allá de la delegación en expertos que monopolizan las competencias políticas, el garantismo en el acceso al bienestar, la sostenibilidad social y medioambiental: éstos son los puntos de partida de esta nueva institucionalidad urbana. Los comunes urbanos contienen un síntoma de cambio, el asalto a un problema que otras formas de gestión de recursos y de acceso a derechos quieren negar. Las alegorías históricas que otorgaban a mecanismos como la mano invisible o al Leviatán las llaves de la libertad, se han mostrado imprecisas cuando no directamente falsas. Es lógico que una minoría siga acudiendo a esas mismas figuras retóricas, pues esa minoría ha sido la única beneficiada.

Esto es, en un breve resumen, lo que hemos ido viendo hasta ahora. Pero, para cerrar, nos gustaría acabar de apuntar unas últimas ideas.

 

3.2. El Nobel es de derechas

Elinor Ostrom recibió el premio Nobel de economía en el 2009 por el estudio y análisis empírico de comunes naturales realmente existentes, probando la vitalidad de estas Instituciones socio-económicas. Ostrom demostró que, en ocasiones, estas instituciones de la acción colectiva podían ser una alternativa a la gestión privada por parte del mercado o a la planificación pública por parte del Estado.

Nuestra ambición no es ganar un Nobel. No olvidamos que en 1976, Milton Friedman, uno de los “inventores” del ideario Neoliberal, recibió un merecido escrache al recoger su premio.

Más bien, queremos mostrar cómo proliferan diversas prácticas de gestión colectiva, instituciones y sistemas comunitarios que en base a normas de cooperación y confianza están administrando recursos comunes urbanos de forma no mercantil. En este sentido, hay tres puntos fundamentales que queremos señalar:

a) Lejos de ser experiencias “fallidas” de mala gestión del recurso, tal y como proclaman los agoreros que recelan de los espacios colectivos, se presentan como alternativas de gestión sostenible y eficiente. Además, fomentan aprendizajes comunitarios promoviendo formas de vida democrática sobre la base del autogobierno y, al estar basados en la ética de la interdependencia, favorecen valores como la cohesión y la reciprocidad.

b) No hablamos de comunidades idealizadas, entendiendo por ellas formaciones supuestamente homogéneas y unidas por obligaciones morales que responden a estructuras tradicionales aisladas de la realidad, sino de organizaciones sociales en movimiento que tienen como objetivo gestionar los bienes bajo criterios radicalmente democráticos, de gran horizontalidad, y protegiéndolos de todo interés mercantil.

c) Hace poco, veíamos la intervención del Alcalde de Barcelona Xavier Trias a raíz del conflicto de Can Vies “apostando” por la gestión cívica como un modelo válido en “la gestión del mientras tanto” de la crisis. Este oportunismo pragmático peca más de cierta candidez que de capacidad para instrumentalizar la gestión colectiva. La realidad es que la autonomía, la independencia, la solidaridad y la politización de estos espacios, lejos de poder ser instrumentalizadas para favorecer la retirada del Estado en su dimensión redistributiva o suponer una cooptación para acabar con el conflicto, siguen siendo un desafío a las relaciones sociales capitalistas.

Los comunes urbanos irrumpen en el marco municipal, tensando la realidad política actual: la creciente división y distanciamiento entre la administración política y la ciudadanía, la relación cada vez más simbiótica entre sector público y privado, la mercantilización de las formas de hacer ciudad, la “tecnificación” de la vida y las decisiones políticas, la privatización galopante de buena parte de los servicios y equipamientos públicos en base a concesiones y triquiñuelas entre amiguetes.

Son experiencias que implican múltiples formas de desobediencia civil, la exigencia de nuevos derechos colectivos y que cuentan con una motivación o pretensión universalizadora, es decir: la voluntad de replicar y extender sus proclamas, la voluntad de extenderse en una ciudad común.

Como decíamos, nuestra ambición no es ganar un Nobel, sino el comunismo.